La violencia contra los líderes sociales en Colombia no da tregua. El asesinato de Lina María Puentes Vega, ocurrido el 2 de junio durante un bazar comunitario en Baraya, Huila, elevó a más de 70 el número de líderes y lideresas sociales asesinados en lo que va de 2025, según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ).

Ese mismo día, otros dos líderes fueron ejecutados: el educador y referente comunitario Edgar Velasco, en Caloto, Cauca; y Daniel Mauricio Trujillo, narrador deportivo y líder comunal, en el municipio de Argelia.

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Las muertes ocurrieron en contextos distintos pero con un mismo patrón: liderazgo social en territorios bajo disputa armada. Lina María era secretaria de la Junta de Acción Comunal de su vereda; Edgar trabajaba con niñez vulnerable en proyectos de entornos protectores; Daniel ejercía un liderazgo visible en su comunidad y era blanco fácil para estructuras armadas ilegales.

El informe más reciente de Indepaz muestra que estos asesinatos no son hechos aislados, sino parte de una violencia estructural, territorialmente focalizada y funcional a intereses armados, políticos y económicos.

Departamentos como Cauca, Antioquia, Nariño y Norte de Santander concentran el mayor número de homicidios. En muchos de estos territorios el Estado no tiene suficiente presencia, y el control lo ejercen actores armados ilegales.

Los liderazgos más amenazados son los que defienden derechos colectivos y territoriales: comunales, indígenas, campesinos, afrodescendientes, ambientales y firmantes del Acuerdo de Paz. En especial, las mujeres lideresas afro e indígenas enfrentan una violencia diferencial marcada por el racismo y la misoginia. Asesinarlos es también una estrategia para desestructurar procesos comunitarios y perpetuar un orden basado en el miedo.

A pesar de la existencia de mecanismos estatales como la Mesa Nacional de Garantías o las Zonas Especiales para el Liderazgo Social, la respuesta institucional ha sido débil y marcada por la falta de voluntad política, a ojos de los líderes sociales. Las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo —como la AT 013/24 para Argelia y la AT 022/23 para Puerto Colombia— han sido ignoradas o implementadas parcialmente.

En contraste, donde se han dado ceses al fuego —como en Caquetá, Catatumbo y el Magdalena Medio—, se ha evidenciado una reducción significativa de homicidios, lo que refuerza la necesidad de avanzar en procesos de paz reales y políticas públicas construidas desde los territorios.

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