Colombia atraviesa una intensa jornada de movilización social con motivo del segundo día del paro nacional, convocado por organizaciones sociales, sindicatos y sectores populares que exigen al Congreso el desbloqueo de las reformas sociales propuestas por el Gobierno de Gustavo Petro.

Este jueves 29, la jornada continúa con asambleas informativas y cabildos abiertos, parte de una estrategia que busca abrir espacios de diálogo ciudadano sobre la consulta popular propuesta por el Gobierno para decidir sobre las reformas a la salud y al trabajo.

En tanto, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) realizó un llamado a todas las localidades para encontrarse a las 15H00 en la Plaza de Bolívar, Bogotá, en respaldo a la consulta popular y a las reformas sociales.

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La primera jornada fue multitudinaria y con muchos sectores activos. Según el Puesto de Mando Unificado (PMU) de la Policía Nacional, con corte a las 2:50 p.m. del 28 de mayo se habían registrado 91 actividades de manifestación pública en al menos 74 municipios y ciudades del país.

Entre estas se destacan 15 marchas, 5 asambleas y 9 bloqueos viales, que han requerido la coordinación de autoridades locales, organismos de control y fuerzas del orden para mantener el orden público.

Bogotá ha sido el epicentro de las protestas, con la tradicional movilización desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar, donde convergieron también seis marchas provenientes de distintos puntos de la ciudad. Sin embargo, también se reportaron concentraciones significativas en otras capitales departamentales y municipios intermedios.

Las manifestaciones responden principalmente a la resurrección de una versión modificada de la reforma laboral aprobada por sectores conservadores y de ultraderecha del Congreso, pues no cumple con las necesidades de los trabajadores. La reforma aprobada elimina puntos esenciales de la reforma original, como el reconocimiento de las horas extras desde las seis de la tarde y los contratos de aprendizaje para estudiantes de sectores vulnerables, entre otros.

Para muchos sectores, esta movida del Congreso representa un intento de vaciar de contenido las reformas sociales que prometió el actual Gobierno, lo que ha encendido el malestar popular. Además, la protesta cobra fuerza por el hecho de que el Congreso no votó un proyecto que buscaba reducir el salario de los congresistas, en medio de un contexto en el que trabajadores y ciudadanos luchan por mejores condiciones laborales y económicas.

En un giro adicional al panorama político, el Consejo de Estado itió una demanda que busca anular la votación del Senado del pasado 14 de mayo, cuando fue rechazada la propuesta de consulta popular presentada por el Gobierno Petro. La decisión fue adoptada con 49 votos en contra y 47 a favor.

El demandante, Raymundo Francisco Marenco, argumenta que el proceso estuvo viciado por irregularidades en el registro y conteo de votos, incluyendo la ausencia de dos senadores del Pacto Histórico cuyo voto habría sido decisivo, así como presuntas alteraciones del sentido del voto por parte del secretario del Senado.

Aunque algunos de estos señalamientos han sido desmentidos por los propios senadores, el Consejo de Estado consideró que tiene competencia para revisar el acto istrativo del Senado y decidir sobre su validez.

La isión de esta demanda ocurre justo después de que el ministro del Interior, Armando Benedetti, insinuara que el Gobierno podría convocar la consulta por decreto si no se emitía un pronunciamiento oficial antes del 1 de junio.

Ahora, será un juez contencioso-istrativo quien determine si efectivamente hubo irregularidades que puedan invalidar la votación del Senado, lo que abriría la puerta para revivir la consulta popular por vías legales.

Los organizadores del paro ya han anunciado una nueva jornada de movilización para el 11 o 12 de junio, en un contexto cada vez más tenso entre el Ejecutivo, el Congreso y la ciudadanía movilizada.

La lucha por las reformas se ha transformado en una confrontación más profunda: una pugna entre la clase política tradicional y las aspiraciones de los sectores populares que reclaman transformaciones estructurales.

“Esto es una lucha de clases entre quienes se niegan a devolver derechos y quienes los exigen en las calles”, resumió uno de los manifestantes en Bogotá.

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