En su conferencia matutina de este lunes 26 de mayo desde el Palacio Nacional, la mandataria mexicana se refirió a la medida aprobada por la Cámara de Representantes estadounidense, sobre un impuesto del 3.5% a la transferencia de remesas, proyecto que ahora se encuentra en análisis en el Senado de Estados Unidos.

Sheinbaum enfatizó que este impuesto no solo afecta a México, sino a todos los países que reciben remesas. Asimismo destacó que su país es la única nación que ha emprendido acciones activas para evitar que se concrete esta decisión en Estados Unidos, recordando que su interés primordial son las familias mexicanas.

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La presidenta argumentó que el gravamen es un «impuesto para las personas que menos tienen», lo cual contradice el principio de progresividad fiscal. Recordó que los paisanos pagan impuestos en Estados Unidos independientemente de su situación migratoria, y que ya contribuyen con impuestos por trabajo y consumo, enviando solo un 20% de sus ingresos como remesas y dejando el resto en la economía estadounidense. Además, citó un convenio firmado en 1992 entre Estados Unidos y México que establece que no se debe gravar dos veces, considerando el impuesto discriminatorio.

La mandataria mexicana informó que en los próximos días, senadores mexicanos y organizaciones de defensa de migrantes viajarán nuevamente a Estados Unidos, acompañados por el embajador de México en Washington, Esteban Moctezuma. El objetivo es continuar las gestiones y presentar cartas y comunicados que expresen el desacuerdo con la medida.

Finalmente, Sheinbaum recordó que las remesas juegan un papel vital en la reducción de la migración, al permitir que las familias encuentren estabilidad en sus comunidades. Por ello, considera fundamental que los migrantes puedan encontrar empleo y vivir dignamente en sus lugares de origen.

La istración del entonces presidente Donald Trump no solo implementó un aumento en las redadas y deportaciones de migrantes indocumentados, sino que también avanzó en la imposición de un nuevo gravamen del 5% a las remesas enviadas ciudadanos no estadounidenses. Esta medida, ya concretada, representa un severo golpe económico para millones de familias latinoamericanas y para las economías de países como México, Guatemala, Honduras y El Salvador, que dependen en gran medida de estos envíos, aunque en el caso de México la presidenta logró reducir al 3.5 por ciento el impuesto.

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