Organizaciones sociales, familiares, personas con discapacidad y profesionales de todo el país protagonizaron este jueves 29 de mayo una Jornada Federal para exigir la sanción urgente de la Ley de Emergencia en Discapacidad, en medio de una situación crítica que amenaza con desmantelar el sistema de atención, contención y derechos del sector.

LEA TAMBIÉN:

En imágenes: Científicos e investigadores se movilizan contra ajuste de Milei al sector en Argentina

La protesta tuvo epicentros simultáneos en ciudades como Buenos Aires, Córdoba, Río Cuarto, Santa Fe y Mendoza, y se desarrolló en respuesta al deterioro estructural del a medicamentos, tratamientos, prestaciones y pagos a instituciones, que afecta a miles de personas con discapacidad en todo el país.

“La emergencia ya está instalada en la vida cotidiana: hay medicamentos inaccesibles, prestaciones que se caen, normativas regresivas y valores arancelarios congelados desde hace años”, denunciaron las organizaciones convocantes.

El proyecto de ley, que se tratará en el Congreso el próximo miércoles 4 de junio según anunció el diputado Daniel Arroyo (Partido Unión por la Patria), propone declarar la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta diciembre de 2027.

Incluye medidas como la garantía del a salud, educación, trabajo y protección social; la regularización de pagos atrasados y actualización de aranceles; el cumplimiento del cupo laboral para personas con discapacidad con beneficios para empresas que las contraten; y el fortalecimiento de los servicios básicos y de atención.

La jornada de protesta se vio marcada por el repudio generalizado a declaraciones del director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, quien en una reunión privada con Marlene Spesso, madre del influencer Ian Moche, habría dicho: “Si vos tuviste un hijo con discapacidad, es problema de la familia, no del Estado”.

Según Spesso, también afirmó que “los derechos adquiridos no son derechos adquiridos” y cuestionó exenciones como el no pago de peajes para personas con discapacidad. Spagnuolo ya había estado en el centro de la polémica por firmar una resolución oficial que usaba términos como “idiota, imbécil y débil mental”, lo que generó tal escándalo que debió ser revertida.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Asamblea Discas en Lucha (@discasenlucha)

“Esto no es solo una falta de empatía, es violencia institucional, por eso no vamos a parar de alzar la voz”, afirmó a su vez Spesso, cuya denuncia desató una ola de repudios en redes sociales y entre referentes del sector.

Durante la jornada, se multiplicaron las alertas desde distintos puntos del país sobre el colapso de instituciones y servicios por la falta de pago y la congelación de aranceles. Luciano Urrutia, de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad, alertó: “El ajuste arancelario nos obliga a reducir jornadas: de cinco días pasamos a cuatro, luego a tres. Es insostenible”.

A esto se suma el desmantelamiento sistemático de la Agencia Nacional de Discapacidad durante el año 2024 bajo la actual istración de Javier Milei. Se dieron de baja programas públicos, se despidió personal clave, y se instaló un discurso que responsabiliza a las familias en lugar de al Estado.

Testimonios de familiares indican que la gente ha quedado abandonada a su suerte, lo cual incluye a chicos con discapacidades detectadas desde el nacimiento que deben esperar dos años para ser atendidos y les queda una marca de por vida.

El ajuste del Gobierno, los salarios congelados y las prestaciones no autorizadas han dejado a las personas con estas condiciones abandonadas a su suerte, lo que llevó a varias organizaciones a presentar una denuncia ante el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, alertando sobre el “grave riesgo que enfrentan los beneficiarios de pensiones no contributivas”.

El reclamo apunta especialmente al Decreto 843/24, que restablece requisitos previamente declarados inconstitucionales. Las organizaciones advierten que esta medida reproduce un enfoque médico, capacitista y discriminador, y desconoce los costos adicionales que enfrentan las personas con discapacidad. Denuncian también un proceso de auditorías sin accesibilidad ni garantías, que pone en riesgo pensiones vitales y cobertura médica a través del Programa Incluir Salud.

Las organizaciones criticaron el uso de expresiones como «débiles mentales» o «minusválidos» por parte del Estado, pues estigmatizan a una publación que ya sufre vulneraciones a sus derechos.

La Jornada Federal dejó en claro que la situación de las personas con discapacidad en Argentina ha llegado a un punto límite. Con instituciones al borde del cierre, familias desesperadas y un aparato estatal cada vez más ausente, el reclamo por la ley ya no es una consigna: es una exigencia vital para sobrevivir con dignidad en un país que no puede mirar para otro lado.

EN ESTA NOTA: