Panamá: Sindicatos en paro nacional pese a persecución del Gobierno

SUNTRACS ha enfrentado una campaña de persecución que incluye detenciones arbitrarias, intimidación constante y bloqueos financieros contra sus cuentas bancarias.

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Sindicatos de Panamá, en paro nacional desde el 28 de abril pese a persecución gubernamental. Foto: EFE.


27 de mayo de 2025 Hora: 12:35

Diversos sectores en Panamá mantienen una huelga general desde hace semanas en rechazo a las medidas implementadas por el Gobierno del presidente José Raúl Mulino, entre ellas la Ley 462 de pensiones, la posible reapertura de la mina de cobre en Donoso y un memorándum de entendimiento con Estados Unidos que afecta la soberanía nacional.

El gremio de docentes se mantiene firme en la adopción del paro, a pesar de la convocatoria del El Ministerio de Educación (Meduca) para el regreso a clases este lunes 26 de mayo, luego de que la ministra de Educación, Lucy Molinar, asegurara que el sistema educativo «se está normalizando poco a poco».

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Estas afirmaciones fueron rechazadas por varios de los movilizados. Tal es el caso de Yair Velásquez, miembro de «Jóvenes Unidos por la Educación», quien consideró que: «No se puede hablar de un retorno a la normalidad mientras los gremios docentes se nieguen a volver y no exista un monitoreo real del estado de las escuelas», afirmó

Velásquez criticó la falta de acción e innovación del Meduca «a más de un mes del paro, no se han implementado alternativas educativas efectivas. Los protocolos mencionan clases por radio, televisión o módulos impresos, pero nada se ha concretado». Además, destacó que Panamá cuenta con más de 3.100 centros escolares, pero ni siquiera el Meduca puede confirmar cuántos están operando actualmente debido a la ausencia de un sistema de monitoreo público y confiable.

«Algunos docentes han retomado sus funciones, pero muchos otros continúan en huelga», aseguró Aldo Bazán, representante de padres de familia en Panamá Centro, tras afirmar que las declaraciones de Molinar «son contrarias a la realidad que se refleja en las calles, escuelas y comunidades panameñas».

Mientras diversos sectores del país continúan en las calles exigiendo cambios, el Gobierno enfrenta presión por parte de empresas y gremios profesionales que demandan diálogo y respeto a los derechos fundamentales.

Tal es el caso de la empresa, Chiquita Panamá, donde se mantiene la posición de suspender operaciones en la provincia de Bocas del Toro hasta nuevo aviso ante una pérdida acumulada de 75 millones de dólares por la interrupción del trabajo en sus fincas.

En un comunicado oficial la compañía señaló que «ha tomado esta decisión por la paralización injustificada de las labores y el abandono total de las fincas bananeras» desde el pasado 28 de abril.

“La empresa lamenta el impacto negativo generado en los cientos de familias, los comercios locales y otros eslabones de la cadena de valor que dependen directamente del desarrollo estable de la industria bananera en Bocas del Toro”, concluyeron en esta comunicación.

Un gremio de abogados independientes también se pronunció sobre la crisis social que atraviesa el país tras más de un mes de protestas contra medidas impopulares del gobierno de Mulino. Los juristas resaltaron que «la responsabilidad de resolver esta situación recae en el Órgano Ejecutivo y la Asamblea Nacional, no en los gremios ciudadanos o sindicatos».

En tal sentido, manifestaron su respaldo a las protestas contra la ley 462, el Memorándum con Estados Unidos, y la reapertura de la mina, subrayando que la protesta pacífica es un derecho humano. De igual modo, exigieron leyes que se promuevan un desarrollo equitativo dentro de un Estado de Derecho

Además, denunciaron el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades, calificándolo como represivo y contrario a los principios democráticos. Finalmente, extendieron un llamado al gobierno para la apertura de un diálogo genuino y a respetar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.

ICM denuncia represión sistemática contra sindicato SUNTRACS en Panamá

La Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM), organización que representa a más de 12 millones de trabajadores en 117 países, denunció la escalada represiva del Gobierno panameño contra el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS).

En un comunicado oficial, la ICM calificó estos actos como una violación grave a la libertad sindical y los derechos fundamentales de los trabajadores.

La organización internacional destacó que, desde noviembre de 2023, SUNTRACS ha enfrentado una campaña de persecución que incluye detenciones arbitrarias, intimidación constante y bloqueos financieros contra sus cuentas bancarias. En las últimas semanas, la represión se intensificó con allanamientos a sedes sindicales, la revocación de su personería jurídica y órdenes de captura contra sus principales dirigentes.

De acuerdo con el texto, “toda la dirigencia sindical, incluidos el Presidente Global Adjunto de la ICM, Saúl Méndez, y los secretarios de SUNTRACS, Jaime Caballero y Genaro López, enfrentan órdenes de arresto o encarcelamiento bajo cargos infundados y con motivaciones políticas”.

Estos ataques ocurren en medio del paro nacional iniciado el 28 de abril, donde más de 120 del sindicato han sido procesados judicialmente por participar en las protestas contra la ley minera y las reformas al sistema de pensiones.

Autor: TeleSUR: idg - RR

Fuente: La Estrella de Panamá - SUNTRACS - ASOPROF